Un grupo de vecinos analiza la posibilidad de recurrir a la Justicia buscando una salida a la situación que atraviesan los barrios Universitario, Napostá, Pacífico y Kilómetro 5, los cuales carecen, desde hace tres años, de una normativa que les permita iniciar cualquier construcción, incluso las ampliaciones de viviendas existentes.
“Somos varios los que estamos muy preocupados por esta situación que sigue sin resolverse y que nos está afectando de manera directa. Por eso planteamos a nuestros abogados la inquietud de revertir las consecuencias negativas por el accionar de 10 personas que no tienen derecho a afectar nuestro patrimonio”, señaló a este diario Rosa Gamero, habitante de Universitario y parte del conjunto de vecinos en desacuerdo con el recurso de amparo que desde 2011 impide iniciar obras en el sector.
En aquel momento, vecinos de calle Alvarado recurrieron a la Justicia –-la carátula menciona “Miguel Grecco y otros”-- cuestionando la ordenanza, aprobada por el Concejo Deliberante, que disponía modificaciones en el Código de Planeamiento Urbano (CPU), la cual establecía una nueva tipología edilicia para el sector, anulando, por caso, la posibilidad de realizar edificios de más de tres pisos.
La Justicia hizo lugar a la presentación de estos vecinos, quienes se oponen a todo tipo de construcción multifamiliar en el sector, y decretó la suspensión de su aplicación.
El municipio asumió entonces que, al no poder introducir esas modificaciones, el CPU debía seguir vigente en su estado anterior, es decir, admitiendo edificios de mayor altura.
Sin embargo, la Justicia entendió esa decisión como “antojadiza” e impidió también tomar en cuenta a la anterior normativa, con lo cual hoy no existe ningún código vigente y no hay posibilidad de aprobar expediente alguno.
Mientras el municipio elabora su presentación para discutir “la cuestión de fondo” del asunto -con la expectativa de obtener un dictamen favorable antes de terminar el año-, este grupo de vecinos se apresta a buscar una salida por su propio camino.
“Tenemos necesidad de buscar una solución porque quienes presentaron el amparo no son representativos del barrio. Por eso nos preguntamos, ¿qué derecho tienen a mantener una medida que nos afecta a todos? Nos parece que es una situación completamente absurda”, agregó Gamero.
Esta iniciativa se sumará entonces a las manifestadas en los últimos días por los Colegios de Arquitectos e Ingenieros, que solicitaron al Departamento Ejecutivo una pronta solución a una situación que afecta muchos intereses.
La Nueva Provincia
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